Derechos Humanos 2010: progresos, pendientes y retrocesos

Avances en los juicios a los militares represores y en la aprobación de la nueva ley de Servicios Audiovisuales, una asignatura pendiente con los derechos de las mujeres y empeoramientos en el estado carcelario y la situación del Indec son las conclusiones, en términos generales, del Informe 2010 de Derechos Humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que se dio a conocer en la Feria del Libro el miércoles pasado y que contó con la presencia del consultor Artemio López, la socióloga e investigadora del Conicet y Flacso Rosalía Cortés, la directora de la institución Josefina Martínez y su adjunta Andrea Pochak.

En primer lugar, si bien el balance, de acuerdo con el informe, fue positivo, se hizo referencia a las demoras en el proceso de Verdad y Justicia. “Sólo un 8 por ciento de las causas se terminaron y un 2% está en proceso. Pero un 17% espera fecha de juicio y el 73 de las causas abiertas permanecen en instrucción”, puntualizó Pochak.


La sospecha de manipulación de datos en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos fue uno de los puntos más criticados. “La asignación universal por hijo se determina con el índice de pobreza y el Gobierno ha cometido un error descomunal porque el plan busca reducir la situación de calle, mientras el Indec anuncia que hay un 3 por ciento en indigencia. Falta la credibilidad pública porque por fuera se encuentran otras cifras. Hay un descontrol, un festival de números”, disparó López.

A su vez, el dueño de la Consultora Equis señaló que este ingreso extra es fundamental para ayudar a aquellas personas que, por el mismo comportamiento económico del mercado del trabajo, no pueden resolver sus carencias. “Este es el mejor plan de lucha contra la pobreza en América Latina, a condición de que amplíe su base a quienes bordean la línea del salario mínimo y se actualice permanentemente”, afirmó.

Por su parte, Cortés hizo hincapié en la pobreza crónica y de largo plazo que afecta a Argentina desde hace décadas y que se vincula no sólo con la distribución del ingreso, sino también con la salud, la calidad de vida y la educación de los sectores marginales. “Pese al crecimiento económico, se observa que la fuerza de trabajo permanece constante, que los jóvenes dejan de buscar empleo. Entonces, aunque la asignación sea buena, ¿es suficiente? No, es cortoplacista”, rebatió.

En cuanto al tema de la seguridad y al estado de las cárceles, la directora del CELS, Josefina Martínez, denunció la construcción de respuestas y discursos políticos desde un formalismo legal basado en ideas de orden autoritarios. “Se piensan y se proponen al reclamo de la gente políticas públicas de genéricas soluciones, como bajar la edad de la imputabilidad o subir el rigor de determinadas leyes penales”, sostuvo y agregó: “Hay que salir del programa militar de guerra contra el delito”.

A su vez, Pochak remarcó que hay una violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, sea por torturas encubiertas o hacinamiento en las celdas, cuya capacidad está colapsada. “Las provincias con la situación más seria son Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. En el área metropolitana hubo 140 muertes por violencia policial en el período 2008-2009, un 12 por ciento más que en el mismo lapso de 2007-2008”, ejemplificó.

El informe completo se puede leer acá