La diputada del bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario, Vilma Ibarra, conversó con Política Argentina acerca de las facultades delegadas y advirtió que, pese al vencimiento de la prórroga este martes, las normas continuarán como están, incluidas las retenciones. También defendió la potestad del Gobierno de establecer aranceles como una herramienta de política económica y adelantó qué otros proyectos presentarán al respecto en el Congreso.-Las normas delegadas, después del 24 de agosto, ¿van a caer, como afirmaron algunos sectores de la oposición, particularmente, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió?
-No. Al otorgarle una facultad al Poder Ejecutivo, se le permite usarla de forma legítima porque fue otorgada bajo nuestro control. A partir del 24 ya no pueden usarlas más. Si las quieren, tienen que venir con un proyecto de ley. Ahora, no encuentro ningún camino para explicar por qué todo lo que se hizo debería ser nulo. Ninguna norma caduca, está vigente hasta que alguien las deroga. Caer suena terrible, las leyes se derogan o, si tienen un plazo determinado, vencen.
-En la reunión de la oposición que hubo en la Rural hace unas semanas, ese argumento fue uno de los más fuertes.
-Sólo por parte de Carrió. No lo dice el radicalismo, no lo dice (Ricardo) Gil Lavedra, no lo dicen los cinco juristas convocados por la Bicameral, que ni siquiera tenía mayoría oficialista. Estaban entre los juristas Enrique Paixao, que es radical, Alberto García Lerma, que es cercano al peronismo disidente, Luis Lozano, integrante del Tribunal de Justicia Superior de la Ciudad de Buenos Aires, Alfonso Santiago, jurista vinculada a la Universidad Austral… Todo insospechado de ser oficialismo y hubo un consenso unánime en que no caduca ninguna de las facultades. No lo dice ningún jurista, salvo el abogado que se consiguió Carrió (NdeR: Daniel Sabsay).
-¿Cómo quedarán las retenciones después del martes 24?
-Van a estar como están. Lo que no va a poder ser es que el Ejecutivo las suba o las baje sin ley porque ya no es una facultad que pueda usar.
-El bloque Nuevo Encuentro se manifestó a favor de que el Gobierno mantenga la facultad para fijar los derechos de importaciones y de exportaciones, ¿qué propone el proyecto de ley que presentaron al respecto?
- La propuesta de Nuevo Encuentro es prorrogar por cinco años las facultades del Código Aduanero delegadas en el Poder Ejecutivo con bases y un plazo estipulado.
-¿Cuáles son los fundamentos de esta postura?
-Es una herramienta para ejercer la política económica, que permite cuidar los precios, no desabastecer el mercado interno y proteger a la industria. En 1853, cuando se firmó la Constitución, se ocupaban las provincias a través de su representación en el Congreso porque se exportaban pocos productos, pero con el mundo globalizado de ahora es imposible. Son temas muy específicos y muy cambiantes en el mundo a los que responde como país o como mercado regional. Tenemos miles de aranceles y es algo muy técnico para el Congreso. Por ejemplo, yo no tengo la menor idea del arancel de exportación de la arpillera de yute ni el Poder Legislativo puede tenerla.
-¿Cuánto influye en esta discusión el aún latente conflicto del Gobierno con el sector agropecuario?
-Y… nadie nunca discutió la facultad del Poder Ejecutivo de fijar un derecho de exportación o de importación. Nadie salió jamás en el diario diciendo: “¡Qué barbaridad, el Gobierno fija el precio de exportación del lino!”. Ni en esta gestión, ni en las anteriores. Sólo por el conflicto con el campo empezó esta enorme discusión. Para cambiarlo, tienen que presentar un proyecto y buscar consenso en las comisiones del Congreso. Pero esto lo podrían haber hecho antes del 24 de agosto y se puede hacer después también, mañana, hoy o en dos meses. La facultad de fijar la retención nosotros, los legisladores, la tuvimos siempre. La discusión ahora está teñida por el conflicto con el campo, pero no es que la oposición piense que el Congreso se tiene que sentar a discutir el arancel a la arpillera de yute.
-¿Qué otros proyectos van a presentar en relación con las facultades delegadas?
-Ya presentamos la prórroga de las facultades delegadas de los artículos 6 y 7 de la ley de Hidrocarburos y de la ley de Procedimientos Tributarios para la posibilidad de las exenciones de intereses por parte de la AFIP. En esta semana, vamos a presentar proyectos de prórroga sobre la ley de Entidades Financieras, de la ley permanente de Presupuesto, de la de Administración Financiera y algunas facultades de IVA y de Ganancias.
Cronología: la Constitución nacional y las facultades delegadas
“La Constitución de 1853 no tenía ningún artículo que hiciera referencia a la posibilidad de que el Poder Legislativo delegase facultades en el Ejecutivo. Sin embargo, en diversas oportunidades el Legislativo dictó una norma que, en sus cláusulas, decía que el Ejecutivo quedaba autorizado a, por ejemplo, delinear cuál era una zona de emergencia o determinar de qué impuesto se eximía a ciertas personas afectadas por inundaciones. Esto se hizo muchísimas veces desde 1853 a 1994”, explica Ibarra.
En 1994, con la reforma de la Constitución se establecieron dos requisitos: plazo y bases de delegación, mientras que todas las facultades que ejercía hasta entonces el Ejecutivo caducarían si el Congreso no las prorrogaba especialmente. “En 1999, el Legislativo no había revisado nada. Se calculaba que había 1800 leyes que en alguno de sus artículos delegaba facultades, que podían caducar y nadie sabía que efectos podían traer”, agrega la diputada.
En consecuencia, el menemismo que se iba y el radicalismo de la Alianza que entraba al Gobierno acordaron que las facultades se prorrogarían en masa por tres años más y se aprobaría todo lo que se había hecho para atrás. En el 2002, 2004 y 2006, se hizo lo mismo.
Pero, en esa última vez, hubo un cambio. Se estipuló la conformación de una comisión bicameral que debía revisar el decreto delegado dentro de los diez días de emitido, al igual que los decretos de necesidad y urgencia. “En el 2006, fue la última prórroga, que duró hasta el 2009”, aclara Ibarra. “El año pasado, la mayoría de la oposición no quería prorrogar ninguna facultad, pero tampoco nadie las había estudiado. Nuestro espacio propuso postergar por un año más y crear una comisión bicameral para estudiar las facultades delegadas”, afirma.
El 30 de junio último, la Bicameral de Seguimiento dio a conocer su informe. “Según la Dirección de Información Parlamentaria, de todas las leyes con facultades delegadas, sólo hay aproximadamente 215 vigentes. El Poder Ejecutivo, a través de dos organismos, la Procuración del Tesoro y la Legal y Técnica, dice que son relevantes para la gestión alrededor de 360. Para los juristas, hacia atrás tiene que funcionar la bicameral para el control, sostienen que lo hecho por el Ejecutivo y cualquier otro está vigente hasta que lo controle la bicameral y se rechace o se apruebe”, indica y concluye: “Planteado este punto cada bloque tiene que fijar posición sobre el tema, si van a pedir prórroga de algunas facultades o no”.
Para Politicargentina.com
Sigue...
